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Las peritos de Hacienda avalan la acusación por malversación en el plan secesionista ilegal

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Las expertas explican que el gasto público quedó comprometido cuando se realizaron los trabajos del 1-O

Las cuatro expertas de Hacienda que han comparecido este miércoles como peritos en el juicio al «procés» han avalado la acusación por malversación de caudales públicos, uno de los grandes debates de la vista oral. Tres altas funcionarias de Hacienda y una interventora general han dejado claro que la Generalitat de Cataluña encargó numerosos servicios dentro de su plan para celebrar el referéndum ilegal del 1 de octubre, uno de los pasos decisivos del «procés».

Algunos de esos servicios se llegaron a pagar con dinero público, como los 91.061 euros abonados para la inserción del mensaje secesionista en los periódicos europeos dentro de la campaña internacional del plan secesionista ilegal. Otros trabajos, como la campaña del registro de catalanes en el exterior, se dejaron impagados, a pesar de suponer un gasto de 220.233 euros. Las altas funcionarias han explicado que esos servicios implicaron un compromiso de gasto público por parte de la Generalitat, puesto que los trabajos se realizaron y generaron una obligación de pago, lo que conduciría también al delito de malversación.

«Una vez prestado el servicio se devenga la obligación y se entiende realizado el gasto y el patrimonio reducido. En el momento en que se presta el servicio por parte del empresario», ha explicado una de las tres expertas fiscales propuestas por la Fiscalía. «El procedimiento presupuesto es un reflejo de la realidad, pero prima la realidad», ha expuesto otra perito, que ha añadido que si la administración deja de pagar el servicio, por la razón que sea, hay un enriquecimiento injusto.

En esas explicaciones, las peritos también han contextualizado la famosa factura negativa que emitieron muchos proveedores de la Generalitat en el «procés», con la que buscaban quitarse de en medio y transmitir que no hubo gasto público. No es así. Esa factura negativa permite al empresario que no ha cobrado un servicio rectificar y recuperar el IVA, pero no elimina la obligación, no hace desaparecer el servicio y no borra el gasto que ya se produjo tras la prestación del servicio.

Las expertas, con las que ha estado de acuerdo en todo momento la interventora general propuesta por la Abogacía, han detallado los gastos que supusieron las campañas internacionales y han ubicado los fondos del Diplocat en la Hacienda catalana. También han certificado que la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales emitió dos anuncios en relación con la campaña Civisme, uno de ellos el famoso de las vías del tren, a pesar de que no consta que la Generalitat pidiera presupuesto. Por ellos, han explicado, se llegaron a emitir dos facturas.

El Ministerio Público mantiene que los antiguos gobernantes catalanes destinaron más de 2 millones de euros de dinero público para impulsar y celebrar los hitos decisivos del plan secesionista ilegal, unos gastos en los que incluyen tanto los fondos gastados de hecho como los comprometidos. Los fiscales otorgan importancia a la declaración como testigo de la antigua mano derecha de Cristóbal Montoro, el antiguo subsecretario de Estado de Hacienda Felipe Martínez Rico, que admitió que la Generalitat pudo esquivar los controles del Estado y engañarles.

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