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El candidato de Vox en Andalucía fue inhabilitado por obviar medidas de un juzgado de violencia de género

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Francisco Serrano tras los resultados de las elecciones andaluzas –

Francisco Serrano, juez de profesión, fue readmitido en la judicatura en 2017 tras asumir dos años apartado de la Justicia

La beligerancia de Vox contra la actual ley de violencia de género podría tener una explicación más allá de una mera cuestión ideológica. Francisco Serrano, su candidato en Andalucía a presidir la Junta, ahora ya portavoz de la formación en el Parlamento regional, fue inhabilitado como juez por cometer un delito de prevaricación en 2011 al desatender las medidas familiares fijadas por un juzgado de violencia de género.

En concreto, tal y como informó en su día la agencia Efe, Serrano, como magistrado de primera instancia en Sevilla, prolongó la estancia de un niño con su padre dos días más de lo establecido, sin consultar a la madre del pequeño ni preguntarle en ningún momento su opinión al respecto.

El abuelo paterno del menor solicitó la medida cautelar de que el niño permaneciese dos días más de lo correspondiente bajo la tutela de su padre, para que pudiese acudir a la procesión del Viernes Santo como paje de una cofradía. La decisión, contraviniendo lo establecido por un juzgado de violencia de género, se tomó sin dar audiencia a la madre.

La afectada se querelló contra Serrano y este fue condenado a dos años de inhabilitación por un delito de prevaricación culposa al entenderse que actuó sin competencia y obviando las directrices familiares establecidas por un juzgado de violencia de género.

El Tribunal Supremo llegó a revisar y endurecer la condena contra el actual portavoz de Vox en Andalucía, imponiéndole hasta diez años de inhabilitación, pero el Constitucional enmendó esta decisión e hizo firme la decisión inicial del juzgado andaluz.

En base a esta condena, el 2 de marzo de 2017, la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechazó la readmisión de Serrano en la carrera judicial al considerar que había perdido su condición de magistrado. Sin embargo, en noviembre de 2011, el Supremo esta vez sí terció en favor de los intereses del político de Vox y acordó su rehabilitación, aunque sin reconocerle todos sus derechos económicos y administrativos al ser la prevaricación «uno de los delitos más graves» de un miembro de la carrera judicial.

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